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¿Qué quiere Secure Arkansas?

¿Qué quiere Secure Arkansas?
July 01
13:21 2010

Por Jocelyne Pruna | jpruna@nwaonline.com

La organización Secure Arkansas tiene hasta el dos de julio para recaudar 77,468 firmas que le permitirían agregar su petición en las papeletas de las elecciones de noviembre.

Su petición es que las agencias estatales y gubernamentales pidan documentos de inmigración a cualquier persona mayor de 14 años que solicite servicios públicos como Seguro Social, Medicare, y Medicaid. También pide que se prohiba inscribir o recibir el título de un vehículo a las personas que no tengan una licencia válida de Arkansas.

Según su página de Internet tienen más de 63,500 firmas.

Representantes de Secure Arkansas han estado promoviendo su campaña de recaudación de firmas a lo largo del estado.
El miércoles 23 de junio era el tercer día que Secure Arkansas estuvo en Rogers y planeaban mantenerse allí hasta el sábado.
En el puesto tenían letreros que decían “Firme aquí para limitar los beneficios a los ilegales” y “Protege nuestras fronteras”. Algunos conductores se detenían para firmar la petición con entusiasmo.

Según Jan Lea, directora de Secure Arkansas en el tercer distrito congresional, la petición incluye que todas las agencias públicas reporten sus gastos por ofrecer servicios a los inmigrantes indocumentados.

Ella dijo que ha sido insultada por la oposición a la propuesta.
“Creo que voy a saber como decir malas palabras en tres idiomas después de esto. Hemos recibido llamadas desagradables, y un poco de acoso de los hispanos principalmente”, dijo.

Lea dijo que en Rogers han tenido resultados favorables para su campaña. Ella asegura que el nivel de enojo está aumentado por parte de muchos ciudadanos estadounidenses que residen en Arkansas.

“Más y más personas se están enojando porque están perdiendo sus trabajos y en la mayoría de los casos [es por culpa de] hispanos ilegales”, dijo.
“No debería decir ‘hispanos ilegales’ sino ‘ilegales’. Nuestros mejores amigos son hispanos y nos sentimos mal por ellos porque están enfrentando situaciones de perjuicio por todos los aspectos negativos, y no es correcto”, dijo Jan Lea.
“No importa si son de México, Gran Bretaña, o Rusia, esto no tiene que ver con el color de piel, tiene que ver con legalización”, dijo.

“Lo que nosotros queremos es que la gente se legalice”, dijo.
Ella habló sobre los comentarios de la gente que ha firmado la petición.
Según Lea, una maestra local le dijo que los estudiantes de ahora son muy distintos a los de hace cinco años.

“No quieren ser ciudadanos americanos, no quieren hablar inglés ni tampoco sus padres e incluso crean miedo en el aula”, dijo la maestra, según Lea.
Además, dijo ella, un hombre hispano que cuenta con documentación le comentó que cuando él cruzó la frontera con su familia él quiso convertirse en ciudadano lo más rápido posible.
“El grupo que está cruzando ahora viene con otro propósito, ahora tenemos los cárteles de droga, tráfico de humanos, otras razones pero no están tratando de convertirse en ciudadanos estadounidenses”, dijo el hombre, según Lea.

LA OTRA CARA
Rafael Prieto Zartha, asesor de los medios en español del grupo pro inmigrante America’s Voice, con sede en Washington D.C., dijo que es falsa la afirmación de que los inmigrantes traen droga.

“Sí, se da el caso de los narcotraficantes, pero es una generalización irresponsable y además totalmente […] discriminatorio”, dijo Prieto Zartha.

“Los indocumentados tratan de mejorar su situación económica y sus vidas”, dijo.
Con respecto a la afirmación de que los hispanos le quitan empleos a los norteamericanos, Prieto Zartha dijo que los inmigrantes realizan labores que el trabajador nativo no quiere hacer.

“Incluso los sindicatos agrícolas dijeron que ellos se prestan a entrenar a los nativos en los trabajos de campo. El nativo no quiere ese trabajo”, dijo. Esto incluye los trabajos de la construcción, dijo.
Asimismo, Prieto Zartha dijo que las leyes de migración no ofrecen caminos para la legalización.

“La realidad es que el número de visas no corresponde al número que son solicitadas … y la ley castiga al que haya ingresado sin documentación”, dijo.

Prieto Zartha aconseja que los indocumentados respondan a las propuestas anti-inmigrantes por medio de “presionar a los legisladores, a la Casa Blanca, a los senadores y hacer una alianza con los que son ciudadanos que pueden votar”.
Él agregó que los políticos tienen el derecho de promover leyes para proteger las fronteras.

El esposo de Jan Lea, Jack Lea, quien también forma parte de Secure Arkansas, ve el tema de la inmigración ilegal así: “Alguien que brincó la cerca de mi patio trasero, entró por mi puerta trasera, se apoderó de uno de mis cuartos, adquirió acceso a mi billetera y yo no tengo nada que decir. Yo no sé si son criminales o no, si han cometido una felonía y trajeron a sus hijos mientras cometían una felonía”, dijo él.
“Y en este país los ciudadanos norteamericanos son enviados a la cárcel todo el tiempo y sus hijos van al sistema social y nadie habla de eso en este país y ¿por qué debe de ser distinto para los ilegales?”, dijo.

Los grupos Reforma Migratoria PRO América y Friendship Coalition están trabajando contra la petición.

José Gómez, director para Arkansas de Reforma Migratoria PRO América, dijo que la educación a todo nivel y en todas las comunidades es importante, refiriéndose a las ideas que los inmigrantes indocumentados le quitan los beneficios de salud a los ciudadanos.

“No nos podemos llevar por rumores. La gente indocumentada no tiene acceso a ningún beneficio”, dijo.

“Esta iniciativa es una realidad negativa basada en el temor y prejuicio”, dijo.
Él dijo que tuvo una conversación con nueve miembros de Secure Arkansas y les pidió que le dieran el porcentaje de indocumentados que quitan estos servicios y según Gómez ninguno le pudo contestar.

“Estudios en Arkansas, han demostrado que los inmigrantes del estado han contribuido a una suma positiva al ingreso estatal”, dijo.
Él se refiere al estudio realizado por la fundación Rockefeller y el Instituto Urbano en el 2007.

Según el estudio, la comunidad inmigrante utilizó $237 millones en servicios estatales (en su mayoría de educación y salud) en el 2004 pero pagaron $257 millones en impuestos que resultaron en un excedente en el presupuesto de Arkansas de casi $20 millones.

Gómez dijo que ir al hospital no es un servicio público porque el paciente paga por sus servicios y es decisión del hospital dar descuentos a cualquier persona, incluyendo a los indocumentados, por cuestiones de bajos ingresos. La mayoría de los hispanos, según Gómez, prefieren asistir a una clínica comunitaria que a un hospital porque es más barato.

Hasta el viernes Secure Arkansas continuará en su esfuerzo para recaudar firmas para su petición.

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